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Opinión:
Políticas públicas e institucionalidad ambiental para los bosques y las Áreas Protegidas

Por Andrés Meza Álvarez
Ingeniero Forestal
Socio AIFBN

La recientemente aprobada reforma de la institucionalidad ambiental fue preparada, según lo manifiestan las autoridades en el mensaje presidencial que acompañó el envió de esta iniciativa al Congreso de la Republica, considerando toda la experiencia previa en esta materia sobre la idea de que en nuestro país la Agenda Ambiental en términos institucionales, se ha desarrollado desde 1984.

Tal vez la casi ausente presencia en esta reforma de una propuesta institucional para la gestión publica de los bosques, así como la dificultad para concretar una propuesta contundente y coherente para las áreas protegidas tenga su origen en el predominio de esta sesgada y parcial visión de la historia ambiental de nuestro país.
Motivado por esta inquietud, rápidamente llegamos a la conclusión de que se trata de una reducción insostenible de la experiencia republicana en materia ambiental, cuyos registros demuestran decisiones formales del Estado relativas a bosques, aguas, conservación y protección durante alrededor de 150 años de la Historia de Chile (1859 - 2008). En esta recopilación de más de 31 de estos “actos de Estado”, destaco 6 de ellas por su carácter de decisiones visionarias trascendentes un primer grupo y un segundo por su carácter de decisiones estructurales permanentes.

Entre las visionarias, considero la adoptada en 1889 durante el Gobierno de José Manuel Balmaceda, para contratar como asesor del gobierno al naturalista alemán Federico Albert, quien fue el precursor de la actual institucionalidad pública para bosques, suelos aguas y áreas protegidas y gran parte de sus propuestas se encuentran vigentes hasta nuestros días. Un segundo acto visionario se registra el año 1939, durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, con la creación de la CORFO. En esta institución se contrata la primera consultoría internacional para el desarrollo del sector forestal, sobre cuyas bases se impulso la industrialización en Chile también con apoyo del Estado y con mayor énfasis a partir de 1974. Una de las reformas a la institucionalidad sectorial más significativas, pensando en cómo se enfrenta hoy esta discusión, ocurrió el año 1972 durante el gobierno de Salvador Allende, cuando se crea la Corporación Nacional Forestal, CONAF, bajo el criterio de integrar las principales estructuras gubernamentales territoriales encargadas entre otros temas, de los bosques (Depto. Bosques), vida silvestre y conservación (APARFO), de plantaciones forestales (COREF) que se encontraban hasta esta fecha dispersas.

En cuanto a decisiones de carácter estructural, se distingue la aprobación de la primera Ley de Bosques (DL Nº 656/25), del año 1925, durante el Gobierno una Junta Militar, cuyo articulado fue hasta hace poco (a pesar de las modificaciones sufridas) el pilar normativo fundamental para la gestión de las áreas protegidas y para la conservación de cursos de aguas y bosques de protección. También en este grupo se puede incluir la creación del INFOR, la APARFO y el Departamento Forestal, el año 1965, durante el Gobierno de Eduardo Frei Montalva, que constituye el origen y la base de la actual institucionalidad sectorial. Es sin duda necesario reconocer el aporte a la discusión sobre reforma y fortalecimiento a la institucionalidad ambiental realizado en los primeros años del Gobierno de Patricio Aylwin, que instala en la discusión política el debate sobre temas ambientales que culmina con la aprobación de la ley 19.300 el año 1994, así como también sobre la necesidad de regular la gestión de los bosques nativos cuya ley fue aprobada durante el año 2008.

Todos estos esfuerzos y acciones concretas emprendidas por el Estado, marcaron la evolución de las políticas públicas y la institucionalidad en materias ambientales, y sin duda tiene directa relación con las definiciones y decisiones que en la actualidad caracterizan el debate sobre la necesaria reforma y modernización de nuestras instituciones.

Sobre estas materias el actual Gobierno de la Presidenta Bachelet, han ocurrido diversos hechos relativos a Bosques, Áreas Protegidas y Medio Ambiente. Entre estas destaca el inicio de la discusión y reciente aprobación de la reforma de la institucionalidad ambiental y la creación del Ministerio del Medio Ambiente, y la aprobación de la Ley 20.283 para la protección, la recuperación y el mejoramiento de los bosques nativos (segunda ley de bosques). Un hecho significativo para esta discusión se produce con el Fallo del Tribunal Constitucional, que justamente en el marco de la Ley de Bosques Nativos, califica de anómala la situación de la CONAF e insta a buscar una rápida solución convirtiéndola en institución publica.

Al respecto la recientemente aprobada reforma a la Ley ambiental, en su artículo octavo transitorio, establece que dentro del plazo de un año desde la publicación de ésta, el Presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional uno o más proyectos de ley por medio de los cuales se cree el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y se transforme la Corporación Nacional Forestal en un servicio público descentralizado.
Con la cantidad de antecedentes y experiencia pública en materia de bosques conservación y áreas protegidas me parece incomprensible haber llegado a este punto. Hasta el momento no he conocido ninguna explicación de porqué el proyecto de reforma no incluyó ámbitos ambientales tan importantes como los bosques y las áreas protegidas.

Sin embargo considerando el actual escenario, donde sigue pendiente la definición del fortalecimiento institucional para áreas protegidas y bosques, pensar en el tipo de fortalecimiento al que debiéramos aspirar para enfrentar de mejor forma las potenciales amenazas sobre estos sectores y para sacar mayor provecho de fortalezas que proviene de la larga y vasta experiencia, sigue mas vigente que nunca.

Desde mi punto de vista los Bosques y las Áreas Protegidas del Estado constituyen la base del desarrollo sustentable de nuestro país y están directamente ligados a la calidad de vida de las comunidades del mundo rural.

La existencia de alrededor de 15,6 mill ha de bosques, y las 14,1 mill ha protegidas en el territorio nacional nos imponen la necesidad de pensar en una institución articulada y territorialmente que incluya sobre esta base las nuevas áreas para la gestión publica ambiental en el sector marino (acuático) y rural, así como los 4-5 mill ha de formaciones xerofíticas, que han sido incorporadas recientemente en la normativa como ámbito de acción sectorial.
Por todo ello es lamentable que la nueva Institucionalidad ambiental recientemente aprobada, no haya definido ni el Servicio de Áreas Protegidas, ni tampoco haya incluido en la reforma la institucionalidad para estas nuevas áreas y especialmente la gestión ambiental territorial en torno a los bosques nativos y las formaciones xerofíticas.

En este contexto y considerando los argumentos expuestos mi propuesta se inclina por sugerir una nueva estructura de alto nivel, por ejemplo una Subsecretaria, que coordine Un nuevo Servicio de Bosques y el Servicio para las Áreas Protegidas. Estos dos servicios son claves en el territorio rural, ya la dependencia política de una misma Subsecretaria se justifica por la necesaria coherencia estructural y funcional.

Sin embargo pienso que la mayor urgencia y desafío para los actores y organizaciones relacionadas a estos temas, es la definición participativa de una política nacional para la gestión pública tanto en los bosques como las áreas protegidas que promueva la conservación de la diversidad biológica y cultural; la equidad en la distribución de los beneficios y que asegure la contribuir des estos sectores al desarrollo sustentable de la comunidad locales en indígenas, a cada región y con ello a todo el país.