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Opinión:
La Protección de los Recursos Naturales de Chile: Un imperativo legal del Estado

Por Ricardo Rodríguez , Mariela Núñez-Ávila y Claudio Donoso Zegers
Socios de la AIFBN

La Constitución Política y Administrativa del Estado de Chile establece “el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza”. Por otra parte menciona que “la ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente”.

Entendiendo como naturaleza a todos aquellos recursos naturales renovables y no renovables presentes en nuestro territorio, ¿de qué manera el Estado de Chile tutela este patrimonio? Actualmente no existe una ley que regule sobre el uso y usufructo de los recursos naturales renovables y no renovables por los proyectos de inversión nacionales y extranjeros en Chile, que permita tutelar la preservación de la naturaleza. Hasta el momento, la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, modificada por la ley 20.173 del 2007, sólo regula los impactos sobre el medio ambiente de los proyectos de inversión.

En este contexto la AIFBN propone a nuestras autoridades la creación de una Ley Marco para la Protección de los Recursos Naturales renovables y no renovables. Dicha Ley debiera ir en busca de la armonización y la conciliación de los diversos intereses, tanto de la conservación de la diversidad biológica como los del desarrollo económico basado en estos recursos. Esta Ley debiera poner énfasis en la vinculación que existe entre la conservación de los recursos naturales y la reducción de la pobreza, así como en el fortalecimiento de las capacidades humanas e institucionales del Estado.

Es importante recalcar que esta iniciativa es de corte absolutamente ciudadano y su éxito depende de una adecuada organización ciudadana. El impresionante desarrollo de nuestras sociedades contemporáneas y la fenomenal difusión del conocimiento y la información, han generado núcleos sociales conscientes de sus derechos y dispuestos a reclamar el reconocimiento de los mismos para su pleno ejercicio; esto representa, como pocas veces antes en la Historia, la presencia de masas criticas del proceder público que se movilizan con eficacia y celeridad, en términos que a los poderes públicos no les resulta posible desconocer (1). Existen variadas organizaciones de la sociedad civil que con seguridad apoyarían una moción como esta y en donde obviamente nuestra Agrupación tiene la capacidad instalada necesaria para encabezar este movimiento, o al menos apoyar la instalación de la discusión ciudadana respecto de la necesidad de contar con la mencionada Ley. Es una gran barrera que necesariamente hay que sortear, hay que organizar una propuesta desde la ciudadanía.

Actualmente sin un marco regulatorio existen vacíos legales que pueden ser considerados un peligro para la preservación del medio ambiente. Por ejemplo ¿qué consideran las autoridades de gobierno cuando entregan a empresas y capitales nacionales y transnacionales la explotación y aprovechamiento de los recursos naturales, renovables y no renovables de nuestro país? ¿considerarán que tales recursos no forman parte de esa naturaleza cuya preservación están llamados a tutelar? ¿considerarán en algún momento que el agua, los suelos, los minerales, los glaciares, la flora, la fauna, los recursos marinos, no forman parte de la propiedad social? ¿o simplemente considerarán que los ciudadanos no merecemos el cumplimiento de esas normas constitucionales? ¿o incluso, una vez más, habrán intereses de ciertos poderes fácticos mezclados en todo este extraño accionar que bien podría ser tildado, como lo habría sido en otros tiempos, de traición a la Patria? . Por otra parte, ¿cómo es posible que la ciudadanía haya permanecido sin manifestarse viendo el despilfarro de los recursos naturales avanzando a velocidad preocupante?

Bajo la actual visión antropocéntrica instaurada en la sociedad contemporánea, la persona es el sujeto principal de derecho, el actor fundamental al que van dirigidos todos los esfuerzos para alcanzar el bienestar social a través del desarrollo sustentable. Chile es un país que basa su economía en los recursos naturales y está claro que para alcanzar el desarrollo sustentable necesitamos energía y productos básicos derivados de ellos. Lo que deja de estar claro y comienza a producir dudas es cuando vemos políticas públicas dirigidas a incentivar el crecimiento económico ilimitado y bajo el imperativo de la acumulación de capital solo para un grupo de empresas nacionales y extranjeras, a costa de los recursos naturales que nos pertenecen a todos los chilenos. También es preocupante que estas decisiones políticas no se desarrollen bajo una estrategia a largo plazo, considerando que muchos de estos recursos naturales, si no son bien manejados, simplemente se agotan.

Chile se basa en una economía de libre mercado y según sus seguidores éste debiera autoregularse. Quizás esta premisa podría ser correcta, pero siempre que el mercado fuera perfecto, y está muy lejos de serlo. Una evidencia de esto es que la crisis económica actual no se debe sólo a una escasez de recursos financieros, tal como los medios intentan hacer creer. Subyace a aquella, la falta de recursos naturales que han escaseado en los sitios más cercanas a los centros de producción, teniendo que buscarlos en lugares más apartados con los consiguientes efectos en el mentado mercado. Agréguese a lo anterior la desmesurada concentración de la población y de los centros de producción.

Estas fallas gravísimas del modelo económico – como de cualquier otro que esté fundado en el irrespeto a los recursos naturales y a las generaciones venideras – repercuten en donde más le duele al ser humano: el empleo y la imposibilidad de acceder normalmente a los bienes de consumo básicos por el aumento en sus precios, provocando una inestabilidad generalizada.

A este modelo económico no le conviene la participación ciudadana vinculante y en Chile es evidente que se mantiene a un enorme porcentaje de la población sin una información adecuada mediante una pésima educación y una escandalosa concentración de los medios de comunicación (prensa y televisión). Sin embargo, están renaciendo en Chile las organizaciones ciudadanas conectadas a través de los medios de comunicación alternativos y falta solo dar un paso para que a través de la creación de redes podamos alzar la voz, y exigir la tan anhelada participación ciudadana vinculante. Creemos que la sociedad organizada es el camino más rápido y viable para que los ciudadanos exijamos al Estado que tutele por la conservación y preservación de nuestros recursos naturales renovables y no renovables, tal como lo establece nuestra Constitución.

(1) Núñez Ojeda R. (2009) Negociación, mediación y conciliación como métodos alternativos de solución de controversias. Ediciones Jurídicas de Santiago. Santiago, Chile. 220pp.