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Editorial:
Proyectos de ley para el sector forestal:
un escenario legislativo complicado
Actualmente se encuentran en trámite
legislativo dos complejos e importantes proyectos de
ley: el que crea el Servicio Nacional Forestal–
PLSNF y que da rango público a la actual CONAF;
y el que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas
Silvestres Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas (PLBASP). Con lo anterior, se está
dando cumplimiento a lo establecido en el artículo
8vo transitorio de la Ley Nº 20.417, publicado
en el diario oficial del 26 de Enero de 2010, que crea
el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación
Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente.
Ambas
iniciativas fueron presentadas el 26 de Enero del 2011;
y en Marzo, la Comisión Unida de Agricultura
y Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado decidió
tratar los proyectos por separado. El primero en ser
abordado fue el PLSNF donde diversos representantes
del sector forestal fueron invitados a exponer sus puntos
de vista. Los temas más complejos a tratar: el
objetivo y rol del nuevo servicio, la situación
de la planta de trabajadores y el financiamiento de
la ley. Finalmente, en Agosto, la Comisión Unida
aprueba la idea de legislar, sujeto a que el gobierno
envíe un informe financiero que sustente el proyecto.
A la fecha no ha habido tramitación alguna.
Respecto
al PLBASP, y después de escuchar a gran parte
de representantes del sector académico, ONG,
gremial, empresarial, servicios públicos y y
ciudadano; la Comisión Unida decide a principios
de Septiembre, conformar un comité técnico
entre el Ejecutivo y asesores de los senadores para
intentar discutir y resolver materias que en el proyecto
son absolutamente deficientes, complejas e inentendibles:
rango constitucional o ley orgánica del proyecto,
separación de funciones entre conservación
y fomento, financiamiento, concesiones, afectación
y desafectación de AP, rol y funciones del servicio,
involucramiento con comunidades indígenas y fiscalización
en áreas protegidas, entre otros.
Curiosamente,
y en relación directa con el PLBASP, el Reglamento
de la Ley de Turismo, recientemente ingresado a Contraloría,
aborda el tema concesiones pero desde una mirada totalmente
contraria a lo que podría ser un sistema de concesiones
que incluya en sus objetivos la conservación
de las áreas protegidas.
Por
otro lado, tenemos que el Ejecutivo está preparando
el nuevo Decreto Ley sobre Fomento Forestal (la continuación
del DL N° 701), desde mediados de año. Después
que diversas organizaciones realizaron observaciones
al primer borrador, a la fecha el Ejecutivo no ha convocado
oficialmente a la ciudadanía para dar a conocer
la nueva versión. Esta situación es preocupante,
en el sentido que el 701 expira en Diciembre del 2012.
Es más, para complejizar este relato, una nueva
ley para el sector forestal requiere que la institucionalidad
forestal sea pública, según lo señalado
por el Tribunal Constitucional.
Respecto
a la Ley Nº 20.283 sobre Recuperación del
Bosque Nativo y Fomento Forestal, durante el 2011, se
realizó una modificación al reglamento
del fondo de los concursos para conservación,
recuperación y manejo sustentable; donde en lo
principal, ahora “a lo menos” existirán
dos concursos. ¿Será esto suficiente para
que su aplicación realmente cumpla con su objetivo?
Con una evaluación de la ley, a tres años
de ser promulgada, quizás podríamos contestar
esa pregunta.
Como
se puede desprender, independiente de los análisis
técnicos sobre cada uno de los proyectos o anteproyectos,
el error de inicio de todo este enredo es que los gobiernos
anteriores y el actual no dieron espacio a la ciudadanía
para elaborar un proceso inclusivo que permitirá
obtener una adecuada legislación e institucionalidad.
Con
justa razón, quienes deseamos un medio ambiente
libre de contaminación, un Estado fuerte que
garantice el bien público y la conservación
de la biodiversidad y los recursos naturales; leyes
de incentivos que favorezcan a los pequeños y
medianos propietarios forestales por sobre las grandes
empresas; la generación de una actividad forestal
que reconozca el valor de los bienes y servicios que
generan los bosques nativos, debemos exigir a las autoridades
que sean responsables en las decisiones que toman y
no dejen hipotecadas a las futuras generaciones, por
la urgencia de promulgar cuerpos legales que son de
la mayor relevancia para la protección y conservación
del patrimonio natural y cultural relacionado con los
recursos naturales y la biodiversidad.
En
la AIFBN estamos trabajando arduamente por perfeccionar
los cuerpos legales antes mencionados. Muchas de las
propuestas sobre institucionalidad, legislación
y políticas forestales las pueden encontrar en
el documento “Hacia un Nuevo Modelo Forestal en
Chile”.
Rodrigo Herrera Jeno
Secretario Ejecutivo AIFBN
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